El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad del examen toxicológico para funcionarios públicos, marcando un punto de inflexión en la política y en la función pública salteña.
El DNU alcanza a todos los poderes del Estado sin excepciones. En el Poder Ejecutivo, incluye al Gobernador, Vicegobernador, ministros y secretarios; en el Poder Legislativo, a diputados y senadores; en el Poder Judicial y el Ministerio Público, a jueces, fiscales y ministros de la Corte; y en el ámbito municipal, a intendentes y concejales. Además, la obligatoriedad se extiende a todas las personas que aspiren a ingresar al Estado provincial, quienes deberán acreditar su aptitud para desempeñar funciones públicas.
Respecto al procedimiento, se informó que los controles serán realizados de manera aleatoria y sorpresiva en los lugares de trabajo. Los exámenes buscarán detectar la presencia de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas prohibidas, garantizando el respeto por la privacidad, el debido proceso y la posibilidad de contrapruebas en laboratorios habilitados.
